Castro
05
Octubre

La ONU apunta a Gendarmería por el caso Maldonado

La oficina especializada en Derechos Humanos que depende de Naciones Unidas reclamó que el Estado argentino “redoble sus esfuerzos de investigación” y consideró “urgente” determinar el rol de los uniformados en la desaparición del joven.

La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) le pidió ayer al Estado argentino que “redoble sus esfuerzos de investigación” para esclarecer la desaparición forzada de Santiago Maldonado y consideró “prioritario” determinar las posibles responsabilidades de la Gendarmería en el hecho. Al mismo tiempo, reiteró su disposición para prestar cooperación técnica en la investigación, asistencia que el Gobierno nacional rechazó a mediados del mes pasado a pesar de haber sido uno de los pedidos de la familia del joven que fue visto por última vez hace 64 días durante un operativo represivo que la Gendarmería desplegó en la comunidad mapuche de Cushamen, en Chubut.

 

“A dos meses de la desaparición de Santiago Maldonado en Chubut (Argentina), la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos urge al Estado a redoblar sus esfuerzos de investigación para esclarecer lo ocurrido con el joven y dar con su paradero”, señaló la Acnudh a través de un comunicado de prensa.

 

En el mensaje difundido en la tarde de ayer, el titular de la oficina de la ONU dedicada a los derechos humanos de la región, Amerigo Incalcaterra, remarcó que tiene “preocupación ante la falta de avances en las investigaciones sobre la desaparición de Santiago Maldonado” y consideró “prioritario esclarecer las posibles responsabilidades de la Gendarmería Nacional Argentina en los hechos”.

 

“Insto al Estado argentino a adoptar todas las medidas necesarias para investigar y sancionar a los responsables por la desaparición de Santiago Maldonado”, declaró Incalcaterra a través del texto en el que también insistió en que “es urgente esclarecer la participación de Gendarmería en los hechos y, en caso de demostrarse, establecer sus responsabilidades y sancionar debidamente tanto a los autores materiales como a sus superiores jerárquicos”.

 

Además, en nombre del organismo que dirige, Incalcaterra llamó a las autoridades argentinas a “alinear en todo momento sus investigaciones y procedimientos con los estándares internacionales de derechos humanos, en particular con la Convención de las Naciones Unidas para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”.

 

Es la segunda vez que Incalcaterra y el organismo que dirige desde Santiago de Chile opina sobre la investigación que el Estado argentino está desarrollando para encontrar a Santiago Maldonado y determinar quiénes lo desaparecieron y por qué. En este nuevo comunicado, reiteró además la “disposición” de su oficina para “seguir prestando la cooperación técnica que el gobierno y la familia Maldonado puedan requerir”. 

Días después de que se cumpliera un mes de la ausencia del joven, la oficina y su representante urgieron al Gobierno nacional a que avance en las tareas investigativas y les recordó que la ONU cuenta con protocolos para desarrollar tales tareas. Para entonces, la familia Maldonado ya había solicitado al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, y al ministro de Justicia, Germán Garavano, la conformación de un equipo de expertos internacionales para que trabajen en el caso, pedido al que los funcionarios accedieron en un primer momento. El titular de la Acnudh, de hecho, viajó en dos oportunidades a Buenos Aires para mantener reuniones con representantes del gobierno y avanzar en tratativas en pos de la conformación de ese grupo. Sin embargo, de manera sorpresiva y a poco de que se concretara, el gobierno descartó la alternativa.

Por último, el funcionario de las Naciones Unidas recordó en el documento de ayer que el pasado 7 de agosto el Comité de las Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas exigió al Estado adoptar “todas las medidas urgentes que sean necesarias para buscarlo y localizarlo”, en tanto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) otorgó el 23 de agosto una medida cautelar para proteger los derechos de la víctima.