Castro
06
Diciembre

El Tribunal Superior reglamentó los depósitos de automotores, ordenados en causas penales

Los automotores secuestrados, cuando deban ser entregados en depósito judicial, se destinaran para atender a las necesidades de los servicios de justicia, a las instituciones que presten servicios públicos o entidades de bien público.

El máximo tribunal de la provincia dispuso que los automotores secuestrados en causas penales, por orden de los jueces de instrucción, cuando deban ser entregados en depósito judicial, se destinaran para atender a las necesidades de los servicios de justicia, a las instituciones que presten servicios públicos o entidades de bien público.

 

A tal fin dispuso la creación de un Registro de Depositarios Judiciales donde deberán inscribirse todos los interesados en condiciones legales de ser depositarios. Se deja sin efecto los depósitos actuales para su adaptación al nuevo régimen.

 

El Tribunal Superior de Justicia decidió intervenir en los temas mencionados, al haber tomado conocimiento de situaciones de depositarios particulares que mantienen en su poder vehículos dados en depósito por tiempo indeterminado para uso personal. El propósito de la reglamentación es corregir esta situación de abuso y transparentar el régimen de depósito.

 

Los jueces de instrucción cuando dispongan el secuestro de un automotor, y este deba ser dado en depósito, deben comunicar tal situación al Tribunal Superior a los fines de que éste, a través  de la Secretaria Administrativa y de Superintendencia, indique al juez informante cual es el depositario inscripto en el Registro al que se le asignará el automotor.

 

El Registro de Depositarios Judiciales a crearse en la órbita de la Secretaría Administrativa y de Superintendencia del Tribunal Superior, deberá estar disponible para consultar por cualquier interesado en la Pagina Web de la Función Judicial, con ello se busca publicitar y transparentar el sistema de depósito de automotores secuestrados en causas penales, como ya existentes en otras provincias.

 

Esta norma fue implementada mediante el Acuerdo N° 178 de fecha 7 de noviembre de 2018, con la anuencia del Tribunal Superior de Justicia.