Castro
09
Octubre

Caso “Pitu” Albornoz: anuncian una nueva marcha en La Rioja pidiendo justicia

Noemí Albornoz, luego de haber participado en Buenos Aires en la presentación de la  Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, anticipó una nueva marcha pidiendo justicia por su hermana Liliana “Pitu” Albornoz, quien murió atropellada por un auto, conducido por el abogado Salcedo.

La hermana de la docente fallecida el 9 de mayo de 2015, en un tremado accidente de tránsito, en dialogo con el diario digital El Cronista, anticipó que junto a familiares y amigos, víctimas de delitos aún no resueltos, están organizando una nueva manifestación, prevista para el día miércoles 18 de octubre, frente a los tribunales riojanos y movilización por el centro de la ciudad, pidiendo justicia, no solo por el caso “Pitu”  Albornoz, sino por todos aquellos casos impunes en la provincia de La Rioja.

 

 

En esa ocasión, podría estar presente la presidenta de la agrupación Familiares por la Vida, Dra. Nilda Gómez de la provincia de Buenos Aires, madre de una víctima de Cromañon, quien además de ser abogada y docente, se desempeña como asesora de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

 

Representantes riojanas en la presentación la Ley 27.372

Noemí Albornoz, hermana de “Lily” Albornoz  y  Mirta Collante, madre de Mario Taboada, asesinado en uno de los casos más impunes de La Rioja, fueron invitadas a participar de la presentación de Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, que tiene como fin la tutela integral y el asesoramiento a los afectados o a sus derechohabientes que podrán seguir de cerca las actuaciones judiciales.



De acuerdo a la Ley, cada provincia contará con un defensor que deberá asesorar a los afectados por un delito o a sus herederos sin cargo. Ademas reconoce a las víctimas sus derechos a asistencia, protección, acceso a la justicia y celeridad.



Los afectados por un hecho delictivo deben recibir un trato digno y respetuoso, podrán requerir medidas de protección, intervenir como querellantes, aportar información, exigir un resarcimiento y podrán solicitar medidas de coerción. Además, las autoridades deben actuar bajo los principios de la rápida intervención, el enfoque diferencial de acuerdo con cada caso y la no revictimización.



La ley dispone además protección especial a menores de edad, discapacitados, y mayores de 70 años, y también a las personas que tengan una relación de convivencia, dependencia económica, afectiva o laboral con el supuesto autor del delito.



Dentro de las modificaciones acordadas, se incorporó a la norma la figura de un defensor público de la víctima, que tendrá que ser designado uno por cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además.